Creo que es evidente para todos el hecho de que la dialéctica política fundamental de la Cuarta Transformación está pasando por la polaridad entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, siendo este último el reducto detrás del cual se está replegando la oposición a López Obrador y MORENA toda vez que, en el terreno político propiamente dicho (es decir el partidista), está pulverizada y es ya prácticamente inexistente la posibilidad de que tengan algo que hacer y decir –ya he hablado en otro momento sobre la oposición pasiva y la oposición activa– en 2024 para evitar que arrase MORENA y su coalición en la elección presidencial.
El gesto de descortesía cívica que la nueva ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, señora Norma Piña, le hizo al presidente López Obrador en la conmemoración de este año al constituyente de Querétaro al no haberse puesto de pie a su llegada al presídium es tal vez la muestra más gráfica y elocuente de que ése –la ministra presidenta sentada, el presidente de pie– es el antagonismo medular por cuyo través se va a definir el presente y el futuro de este extraordinario e histórico gobierno, además de que ahí hay claves fundamentales para comprender las reformas estructurales que son necesario impulsar en las subsiguientes fases de despliegue de nuestro bloque histórico.
Sociópatas del tipo Pedro Ferriz o Porfirio Muñoz Ledo, ese cobarde burgués demagogo, miserable y profesional de la traición, mediocres intelectuales como Carlos Urzua, los bultos reaccionarios de la COPARMEX o los aburridos, pánfilos y pedantes académicos con doctorados y cursitos sobre Derechos Humanos en el extranjero están queriendo plantear la idea de que el presidente quiere destruir las instituciones y acabar con la división de poderes, pero lo que en realidad está ocurriendo es que se ha puesto en juego –fundamentalmente gracias a él en tanto que tribuno del pueblo en el sentido Aristotélico-Maquiavélico– una dialéctica de primera importancia que sólo puede comprenderse como proceso de democracia instituyente (Castoriadis) mediante la que el pueblo, los políticos y los jueces se enfrentan en una dinámica de estatuto ontológico (la ontología es lo que tiene que ver con la realidad en cuanto tal, es decir, con su fundamento y mecánica efectivos) mediante la que se está definiendo lo político (quién manda, cómo manda y para qué manda), razón por la cual por cierto es justo decir aquí que ésta es una transformación parangonable solamente con la Independencia, la Reforma y la Revolución, que fueron los momentos estelares de nuestra historia en donde se definió y determinó, efectivamente, lo político para México. Quien no entienda esto no ha entendido nada en realidad.
Es la dialéctica de definir si es el gobierno de los políticos o el gobierno de los jueces con la posibilidad problemática (en el sentido de que es inalcanzable en el límite) del gobierno del pueblo, que por ejemplo enfrentó a teóricos tan importantes de la escuela alemana de derecho político como Kelsen y Schmitt, o que enfrenta a la concepción constitucionalista liberal y su forma política correspondiente: el Estado liberal de Derecho, con la concepción constitucionalista democrático-social-populista y su forma política correspondiente: el Estado Social o socialista (entendiendo el socialismo en su sentido amplio, como oposición al individualismo).
Pero también y sobre todo se trata de la dialéctica encapsulada en el 39 constitucional, y que a la letra dice lo siguiente: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
La clave es saber entonces quién representa, configura y conduce la voluntad del pueblo. ¿Los políticos? ¿Los jueces? Ésta es la cuestión.
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La clandestina virtud 
Creo que es evidente para todos el hecho de que la dialéctica política fundamental de la Cuarta Transformación está pasando por la polaridad entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, siendo este último el reducto detrás del cual se está replegando la oposición a López Obrador y MORENA toda vez que, en el terreno político propiamente dicho (es decir el partidista), está pulverizada y es ya prácticamente inexistente la posibilidad de que tengan algo que hacer y decir –ya he hablado en otro momento sobre la oposición pasiva y la oposición activa– en 2024 para evitar que arrase MORENA y su coalición en la elección presidencial.
El gesto de descortesía cívica que la nueva ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, señora Norma Piña, le hizo al presidente López Obrador en la conmemoración de este año al constituyente de Querétaro al no haberse puesto de pie a su llegada al presídium es tal vez la muestra más gráfica y elocuente de que ése –la ministra presidenta sentada, el presidente de pie– es el antagonismo medular por cuyo través se va a definir el presente y el futuro de este extraordinario e histórico gobierno, además de que ahí hay claves fundamentales para comprender las reformas estructurales que son necesario impulsar en las subsiguientes fases de despliegue de nuestro bloque histórico.
Sociópatas del tipo Pedro Ferriz o Porfirio Muñoz Ledo, ese cobarde burgués demagogo, miserable y profesional de la traición, mediocres intelectuales como Carlos Urzua, los bultos reaccionarios de la COPARMEX o los aburridos, pánfilos y pedantes académicos con doctorados y cursitos sobre Derechos Humanos en el extranjero están queriendo plantear la idea de que el presidente quiere destruir las instituciones y acabar con la división de poderes, pero lo que en realidad está ocurriendo es que se ha puesto en juego –fundamentalmente gracias a él en tanto que tribuno del pueblo en el sentido Aristotélico-Maquiavélico– una dialéctica de primera importancia que sólo puede comprenderse como proceso de democracia instituyente (Castoriadis) mediante la que el pueblo, los políticos y los jueces se enfrentan en una dinámica de estatuto ontológico (la ontología es lo que tiene que ver con la realidad en cuanto tal, es decir, con su fundamento y mecánica efectivos) mediante la que se está definiendo lo político (quién manda, cómo manda y para qué manda), razón por la cual por cierto es justo decir aquí que ésta es una transformación parangonable solamente con la Independencia, la Reforma y la Revolución, que fueron los momentos estelares de nuestra historia en donde se definió y determinó, efectivamente, lo político para México. Quien no entienda esto no ha entendido nada en realidad.
Es la dialéctica de definir si es el gobierno de los políticos o el gobierno de los jueces con la posibilidad problemática (en el sentido de que es inalcanzable en el límite) del gobierno del pueblo, que por ejemplo enfrentó a teóricos tan importantes de la escuela alemana de derecho político como Kelsen y Schmitt, o que enfrenta a la concepción constitucionalista liberal y su forma política correspondiente: el Estado liberal de Derecho, con la concepción constitucionalista democrático-social-populista y su forma política correspondiente: el Estado Social o socialista (entendiendo el socialismo en su sentido amplio, como oposición al individualismo).
Pero también y sobre todo se trata de la dialéctica encapsulada en el 39 constitucional, y que a la letra dice lo siguiente: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
La clave es saber entonces quién representa, configura y conduce la voluntad del pueblo. ¿Los políticos? ¿Los jueces? Ésta es la cuestión.
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