Decía Ronald Dworkin que la ley es política congelada (“law is politics frozen”), lo que supone que nada de lo que está escrito en las legislaciones históricas es eterno: todo está sometido a la dialéctica política de una sociedad, que a su vez es el flujo constante de correlaciones de fuerzas que en cada etapa histórica se van determinado dentro del marco complejo de la dialéctica de estados y las dinámicas de la geopolítica y la economía (guerras, revoluciones políticas, revoluciones tecnológicas, crisis globales de la economía).
Esta es la razón a través de la cual la política adquiere su máximo estatuto de solemnidad y gravedad, pues es a través de ella en tanto que saber y hacer de segundo grado –naturaleza que la equipara con la filosofía– como le es dado a una sociedad compleja e internamente contradictoria al estar dividida en diversidad de grupos de interese e ideologías antagónicas encontrar equilibrios siempre inestables a través de los cuales un grupo determinado impone y determina un orden específico, que afianza bien sea a través de la pura fuerza, afirmándose como clase o grupo dominante, bien sea a través del consenso y la legitimidad, afirmándose como clase o grupo hegemónico (es decir, que, además de contar con la fuerza, necesaria e imprescindible siempre, cuenta también con un liderazgo intelectual y moral peor o mejor logrado).
La presentación este lunes 5 de febrero pasado del paquete de reformas constitucionales del presidente López Obrador ha venido acompañado por una controversia sobre si las reformas en cuestión implican la desestabilización del país, la destrucción de instituciones o la puesta en riesgo de la democracia.
Son todas palabras sin contenido, demagogia que juega en el campo ambiguo de la ley, el derecho y la justicia como ideas sublimes que quieren presentársenos como si estuvieran sobrevolando la realidad prosaica de la política y como si estuvieran separadas de sus contradicciones, que fue lo que de hecho afirmó el ministro Pérez Dayán en el acto conmemorativo del constituyente de Querétaro, también del lunes pasado, cuando pidió alejar al Poder Judicial de la política, además de sostener que “ningún poder está por encima de la Carta Magna”.
Lomelí Garduño, en su fundamental Teoría y técnica de la política (Cámara de Diputados, 2019), es categórico al afirmar la prioridad que la política tiene con relación al derecho, cuando dice: ‘Por eso no vacilamos en afirmar que la esencia de la política, esto es el poder, resulta más fuerte originariamente que el Derecho, al cual mueve más tarde para consolidarse por medio de la juridicidad. Toda revolución da origen a nuevo Derecho, dándose el caso frecuente de que no sólo reforma la legislación existente sino que instaura una transformación constitucional. Y como si ello no fuera bastante para darnos cuenta de los alcances reales del poder, baste recordar que sin él no existe Derecho, ya que la coacción es la que da a éste su validez y sin él es imposible tener en que apoyarse’ (p. 32, edición facsimilar).
Gustavo Bueno dice por otro lado, en un comentario sobre Gramsci, que se trata de ‘uno de esos escritores cuyo cálido pensamiento deshiela los bloques de la doctrina sólida, pero congelada, y orienta su reorganización en una dirección nueva, una de las direcciones más importantes dentro del materialismo marxista… Acaso la importancia de la obra de Gramsci haya que ponerla en un desplazamiento del centro de gravedad de la axiomática del materialismo histórico a un lugar ontológico que de algún modo es previo –no, naturalmente, en sentido cronológico– a las oposiciones entre lo objetivo y lo subjetivo, entre la base y la superestructura. Este “lugar ontológico” es, con palabras de Gramsci, la Historia.’
En ese sentido, podríamos decir muy bien que la Ley o el Derecho están desbordados tanto por la Política como por la Historia, y que es en el cruce de estas dos dimensiones o escalas como aquella adquiere su sentido, su materialidad y también, por qué no decirlo, todo el esplendor de su drama.
La clandestina virtud 
Decía Ronald Dworkin que la ley es política congelada (“law is politics frozen”), lo que supone que nada de lo que está escrito en las legislaciones históricas es eterno: todo está sometido a la dialéctica política de una sociedad, que a su vez es el flujo constante de correlaciones de fuerzas que en cada etapa histórica se van determinado dentro del marco complejo de la dialéctica de estados y las dinámicas de la geopolítica y la economía (guerras, revoluciones políticas, revoluciones tecnológicas, crisis globales de la economía).
Esta es la razón a través de la cual la política adquiere su máximo estatuto de solemnidad y gravedad, pues es a través de ella en tanto que saber y hacer de segundo grado –naturaleza que la equipara con la filosofía– como le es dado a una sociedad compleja e internamente contradictoria al estar dividida en diversidad de grupos de interese e ideologías antagónicas encontrar equilibrios siempre inestables a través de los cuales un grupo determinado impone y determina un orden específico, que afianza bien sea a través de la pura fuerza, afirmándose como clase o grupo dominante, bien sea a través del consenso y la legitimidad, afirmándose como clase o grupo hegemónico (es decir, que, además de contar con la fuerza, necesaria e imprescindible siempre, cuenta también con un liderazgo intelectual y moral peor o mejor logrado).
La presentación este lunes 5 de febrero pasado del paquete de reformas constitucionales del presidente López Obrador ha venido acompañado por una controversia sobre si las reformas en cuestión implican la desestabilización del país, la destrucción de instituciones o la puesta en riesgo de la democracia.
Son todas palabras sin contenido, demagogia que juega en el campo ambiguo de la ley, el derecho y la justicia como ideas sublimes que quieren presentársenos como si estuvieran sobrevolando la realidad prosaica de la política y como si estuvieran separadas de sus contradicciones, que fue lo que de hecho afirmó el ministro Pérez Dayán en el acto conmemorativo del constituyente de Querétaro, también del lunes pasado, cuando pidió alejar al Poder Judicial de la política, además de sostener que “ningún poder está por encima de la Carta Magna”.
Lomelí Garduño, en su fundamental Teoría y técnica de la política (Cámara de Diputados, 2019), es categórico al afirmar la prioridad que la política tiene con relación al derecho, cuando dice: ‘Por eso no vacilamos en afirmar que la esencia de la política, esto es el poder, resulta más fuerte originariamente que el Derecho, al cual mueve más tarde para consolidarse por medio de la juridicidad. Toda revolución da origen a nuevo Derecho, dándose el caso frecuente de que no sólo reforma la legislación existente sino que instaura una transformación constitucional. Y como si ello no fuera bastante para darnos cuenta de los alcances reales del poder, baste recordar que sin él no existe Derecho, ya que la coacción es la que da a éste su validez y sin él es imposible tener en que apoyarse’ (p. 32, edición facsimilar).
Gustavo Bueno dice por otro lado, en un comentario sobre Gramsci, que se trata de ‘uno de esos escritores cuyo cálido pensamiento deshiela los bloques de la doctrina sólida, pero congelada, y orienta su reorganización en una dirección nueva, una de las direcciones más importantes dentro del materialismo marxista… Acaso la importancia de la obra de Gramsci haya que ponerla en un desplazamiento del centro de gravedad de la axiomática del materialismo histórico a un lugar ontológico que de algún modo es previo –no, naturalmente, en sentido cronológico– a las oposiciones entre lo objetivo y lo subjetivo, entre la base y la superestructura. Este “lugar ontológico” es, con palabras de Gramsci, la Historia.’
En ese sentido, podríamos decir muy bien que la Ley o el Derecho están desbordados tanto por la Política como por la Historia, y que es en el cruce de estas dos dimensiones o escalas como aquella adquiere su sentido, su materialidad y también, por qué no decirlo, todo el esplendor de su drama.
Comparte: