El XIX fue desde luego un siglo complejísimo desde la perspectiva de la educación, no se diga desde la política, económica o constitucional (tuvimos en realidad, rigurosamente hablando, seis procesos constituyentes: 1821, 1824, 1836, 1843, 1847 y 1857), pues fue un período de transición entre un orden que terminaba y uno nuevo que tenía que nacer y constituirse, cosa que solamente puede considerarse como estabilizada hasta el Porfiriato, ni más ni menos, de suerte tal que es incluso forzado, desde una perspectiva estrictamente histórica, considerar que ya en 1824 o en 1821, por poner un par de ejemplos, es dable referirse a México en el sentido que hoy tenemos al enunciar ese concepto.
Primero que todo estaba la necesidad de generar mitos fundacionales: por un lado y primero que todo, el mito de la maldad del dominio español, que principalmente fue obra de Carlos María de Bustamante (y de ahí hasta el actual indigenismo anti-eurocéntrico estrafalario, tercermundista, resentido y pernicioso de Enrique Dussel y compañía), y en segundo lugar –hablando de nuestro tema– el mito, en este caso obra de José María Luis Mora, de que la educación en el virreinato fue un monopolio exclusivo del clero.
Porque ni lo uno ni lo otro son verdad, o por lo menos no en su totalidad. Ya hemos visto que, en términos educativos, desde luego que la iglesia tuvo un papel de gran importancia, pero lo cierto es también que, por lo menos desde el siglo XVII, se había organizado ya el gremio de maestros seglares, además de que en la Universidad, que estaba financiada por el rey y no por la iglesia, había una facultad de Medicina en la que no había intervención de clérigo alguno.
Por otro lado, durante toda la etapa virreinal y hasta le guerra de Reforma, la instrucción en las primeras letras fue más o menos homogénea sin importar si era el ayuntamiento, la parroquia o algún convento el que la financiara, dando por descontando, desde luego, el hecho de que la matriz cultural era indiscutiblemente católica.
Hay que tomar nota también, por otro lado, de un factor importantísimo que tiene que ver con la estrategia de dos intervencionismos imperialistas fundamentales que se ejecutaron durante todo el siglo y se justificaban siempre que sirvieran para negar o condenar la herencia hispánica: en primer lugar el imperialismo inglés, el más pernicioso y maléfico aunque discreto que movió ficha de inmediato a través de la Compañía Lancasteriana, una “sociedad de beneficencia” –antecedente de las actuales Organización No Gubernamentales o de la “Sociedad Civil”, que más bien hay que catalogar o rebautizar como Organizaciones de Otros Gobiernos– que llegó a la ciudad de México ni más ni menos que en 1822, nomás consumada la independencia formalmente, para establecer un sistema de educación, habiendo llegado al grado de que, en 1842, el gobierno central le confió ni más ni menos que la Dirección General de Instrucción Primaria para todo el país. Dimensiónese bien el hecho de que la educación pública de una nación en construcción quedó en manos de los ingleses.
El otro imperialismo es el de origen francés, que se manifestó en México en dos expresiones: la de Maximiliano de Habsburgo, el tonto útil del imperialismo de Napoleón III aliado con la abyecta, miserable, acomplejada y estúpida oligarquía conservadora de México, y la del positivismo de Augusto Comte, sistema que trajo Gabino Barreda bajo la encomienda de Benito Juárez en función de la cual se sentaron las bases de lo que terminaría siendo el verdadero cimiento de la educación moderna de México tal como quedó cristalizado en la Escuela Nacional Preparatoria. Tal vez por eso sea cierta la tesis de que los dos pilares principales de la educación moderna de México son los que levantaron Gabino Barreda, en el último tramo del siglo XIX, y José Vasconcelos durante la segunda década del XX. Todo lo demás, hablando ahora sí en serio, no son más que antecedentes más o menos directos o indirectos, lo que tampoco desmerece ni mucho menos.
La clandestina virtud 
El XIX fue desde luego un siglo complejísimo desde la perspectiva de la educación, no se diga desde la política, económica o constitucional (tuvimos en realidad, rigurosamente hablando, seis procesos constituyentes: 1821, 1824, 1836, 1843, 1847 y 1857), pues fue un período de transición entre un orden que terminaba y uno nuevo que tenía que nacer y constituirse, cosa que solamente puede considerarse como estabilizada hasta el Porfiriato, ni más ni menos, de suerte tal que es incluso forzado, desde una perspectiva estrictamente histórica, considerar que ya en 1824 o en 1821, por poner un par de ejemplos, es dable referirse a México en el sentido que hoy tenemos al enunciar ese concepto.
Primero que todo estaba la necesidad de generar mitos fundacionales: por un lado y primero que todo, el mito de la maldad del dominio español, que principalmente fue obra de Carlos María de Bustamante (y de ahí hasta el actual indigenismo anti-eurocéntrico estrafalario, tercermundista, resentido y pernicioso de Enrique Dussel y compañía), y en segundo lugar –hablando de nuestro tema– el mito, en este caso obra de José María Luis Mora, de que la educación en el virreinato fue un monopolio exclusivo del clero.
Porque ni lo uno ni lo otro son verdad, o por lo menos no en su totalidad. Ya hemos visto que, en términos educativos, desde luego que la iglesia tuvo un papel de gran importancia, pero lo cierto es también que, por lo menos desde el siglo XVII, se había organizado ya el gremio de maestros seglares, además de que en la Universidad, que estaba financiada por el rey y no por la iglesia, había una facultad de Medicina en la que no había intervención de clérigo alguno.
Por otro lado, durante toda la etapa virreinal y hasta le guerra de Reforma, la instrucción en las primeras letras fue más o menos homogénea sin importar si era el ayuntamiento, la parroquia o algún convento el que la financiara, dando por descontando, desde luego, el hecho de que la matriz cultural era indiscutiblemente católica.
Hay que tomar nota también, por otro lado, de un factor importantísimo que tiene que ver con la estrategia de dos intervencionismos imperialistas fundamentales que se ejecutaron durante todo el siglo y se justificaban siempre que sirvieran para negar o condenar la herencia hispánica: en primer lugar el imperialismo inglés, el más pernicioso y maléfico aunque discreto que movió ficha de inmediato a través de la Compañía Lancasteriana, una “sociedad de beneficencia” –antecedente de las actuales Organización No Gubernamentales o de la “Sociedad Civil”, que más bien hay que catalogar o rebautizar como Organizaciones de Otros Gobiernos– que llegó a la ciudad de México ni más ni menos que en 1822, nomás consumada la independencia formalmente, para establecer un sistema de educación, habiendo llegado al grado de que, en 1842, el gobierno central le confió ni más ni menos que la Dirección General de Instrucción Primaria para todo el país. Dimensiónese bien el hecho de que la educación pública de una nación en construcción quedó en manos de los ingleses.
El otro imperialismo es el de origen francés, que se manifestó en México en dos expresiones: la de Maximiliano de Habsburgo, el tonto útil del imperialismo de Napoleón III aliado con la abyecta, miserable, acomplejada y estúpida oligarquía conservadora de México, y la del positivismo de Augusto Comte, sistema que trajo Gabino Barreda bajo la encomienda de Benito Juárez en función de la cual se sentaron las bases de lo que terminaría siendo el verdadero cimiento de la educación moderna de México tal como quedó cristalizado en la Escuela Nacional Preparatoria. Tal vez por eso sea cierta la tesis de que los dos pilares principales de la educación moderna de México son los que levantaron Gabino Barreda, en el último tramo del siglo XIX, y José Vasconcelos durante la segunda década del XX. Todo lo demás, hablando ahora sí en serio, no son más que antecedentes más o menos directos o indirectos, lo que tampoco desmerece ni mucho menos.
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